Redacción. Pamplona
La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Marta Vera, ha explicado que su departamento está trabajando en el establecimiento de una normativa que regule la vía de asistencia o de extensión de la universalización a personas de colectivos que se pueden ver excluidos del acceso a la asistencia sanitaria pública como consecuencia de la aplicación del Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno central. Así lo ha señalado la consejera, en comisión parlamentaria, en la que ha recordado que el Gobierno de UPN y PSN acordaron el pasado mes de mayo "garantizar la asistencia médica, en sus actuales términos, al conjunto de residentes en Navarra que no tienen la nacionalidad española, siempre y cuando estén empadronados con anterioridad al 30 de abril de 2012, para evitar el efecto llamada".

Marta Vera, consejera de Sanidad de Navarra.

"Los inmigrantes irregulares van a tener acceso a la sanidad, Navarra va a atender exactamente igual que al resto de ciudadanos de la Comunidad a los inmigrantes que estén empadronados con anterioridad al 30 de abril de este año", ha zanjado. En cuanto al Real Decreto Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud, Vera ha incidido en que "se tienen que aplicar en Navarra porque no invade competencias propias de la Comunidad foral" y ha remarcado además que Navarra "no tiene competencias en materia de extranjería".

Así, según la consejera, "la Administración General del Estado dentro de sus competencias, propias de seguridad social, ha determinado quiénes van a ser las personas aseguradas a nivel nacional, aquellas que cumpliendo los requisitos señalados tendrán derecho a la prestación sanitaria vinculada a la seguridad social". Sobre el Real Decreto, la consejera de Salud ha destacado que reconoce la asistencia sanitaria a los extranjeros en situación irregular que a fecha de la entrada en vigor de la normativa tuviesen ya reconocida la tarjeta sanitaria individual.

I-E: “El Gobierno quiere excluir a los inmigrantes”

Ha subrayado además Marta Vera que en el Decreto Ley se reconoce la asistencia sanitaria a extranjeros en situación irregular menores de 18 años, así como la asistencia por enfermedad grave o accidente o la atención a extranjeras en situación irregular durante el embarazo, parto y postparto."El Sistema Nacional de Salud no debe hacer frente al gasto de asistencia sanitaria de todo el mundo, es imposible, aunque sí nos tenemos que ocupar de que nadie quede fuera de lo que son los derechos humanos", ha afirmado la consejera, para constatar que hay países europeos que "no contemplan ningún tipo de asistencia a los inmigrantes irregulares". En el turno de los grupos parlamentarios, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha lamentado que el Gobierno central "quiera excluir a los inmigrantes irregulares del sistema sanitario" y ha defendido que "Navarra está obligada a atender a todas las personas, tengan papeles o no". "Estamos obligados a socorrer a cualquier persona que tenga problemas de salud", ha reivindicado.

Por parte de UPN, Antonio Pérez Prados ha destacado que Navarra "va a hacer un esfuerzo mayor que otras comunidades para asegurar que a todas las personas, incluso a los inmigrantes sin papeles, se les siga atendiendo como se hacía hasta ahora", mientras que la socialista Mari Carmen Ochoa ha reconocido que, a título personal, "no le gusta" que se excluya a los 'sin papeles' del Servicio Navarro de Salud.

En representación de Nafarroa Bai, Asun Fernández de Garaialde ha criticado que por culpa de la aprobación del Real Decreto Ley "no se vaya a atender a los inmigrantes irregulares como al resto" y ha asegurado que "lo más perverso de esta ley es el cambio de asegurado a beneficiario". En su opinión, "se está aprovechando la actual coyuntura económica para realizar cambios de un componente ideológico importantísimo".

Desde las filas de Bildu, Maiorga Ramírez, que ha lamentado que se trata de un tema "muy serio", ha rechazado que el Gobierno de UPN y PSN, "aún sabiendo que la ciudadanía navarra no apoya esta medida de recorte, intenta trasladar que son de obligado cumplimiento, cuando no es así". Finalmente, Amaya Zarranz, del PPN, ha defendido que "ninguna persona se va a quedar sin asistencia sanitaria, lo que se va a quedar es sin la tarjeta". "No se trata de xenofobia o ideología, se trata de que hay que ser solidarios para atender a la gente que está enferma y solidarios también con las personas que pagan impuestos aquí", ha concluido.